Exigen cerrar 293 hospitales no habilitados o destituir a su equipo encargado de aplicar sanciones

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.- El abogado en derecho médico y legislación sanitaria Gilberto Objío Subero exigió este viernes a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública hacer cumplir la ley y cerrar 293 hospitales públicos y privados que no están habilitados para operar, y de no hacerlo en el corto plazo, destituir a los encargados de aplicar las sanciones administrativas de la institución.

Recalcó que el director de habilitaciones del Ministerio de Salud pública denunció el año pasado que de las 425 clínicas privadas registradas en su base de datos, 188 están habilitadas, y en el caso del sector público, de 198 hospitales del Estado solo 105 tienen una licencia temporal y 48 recibieron su autorización de funcionamiento por dos años.

“Los funcionarios de la Dirección de Habilitación del Ministerio de Salud Pública tienen el deber de hacer cumplir la ley y deben hacer cerrar las clínicas que no están habilitadas, y los plazos que se han dado y se han vencido muchas veces no deben ser renovados”, expresó.

Objío Subero emitió sus comentarios al ser entrevistado por los periodistas Enrique Mota y Rafael Zapata, en el programa “El Nuevo Diario AM”, transmitido por la plataforma digital El Nuevo Diario TV.

Puntualizó que se debe empezar a entender que el procedimiento de habilitación no es un mero requisito burocrático, sino la garantía de que los procesos sanitarios de calidad, estructura, equipamiento y personal están siendo controlados y puestos en funcionamiento, atestiguado por la autoridad supervisora.

“La República Dominicana se ha encontrado varias veces en episodios de picos de mortalidad materno infantil como el que vivimos hace menos de 30 días cuando la nación se enteró que el primer trimestre había acumulado 72 muertes en la maternidad solo de Los Mina”, señaló.

Dijo que en el sector público y privado la mala calidad en la persecución y el control de inspecciones intrahospitalarias son una de las muchas consecuencias que se derivan de que los controles como las habilitaciones no están siendo debidamente seguidas por el Ministerio de Salud Pública,

“Cerrar la institución hasta tanto se habilite es lo correcto, sancionar al equipo de propietarios, al grupo de inversionistas que pueden llevar multas y si ha habido muerte en esas instalaciones a consecuencia de la deficiencia pueden ser penalmente perseguidos”, enfatizó.