“La ley antidiscriminatoria busca proteger a todos los marginados”

SANTO DOMINGO, RD/DIARIO DE SALUD.-El Director Ejecutivo del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (CONAVIHSIDA), doctor Víctor Terrero, aseguró que el Anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación busca proteger a los adultos mayores, personas con alguna forma de discapacidad, mujeres, niños y adolescentes, y ciudadanos marginados socialmente por el color de la piel, condición económica, sexual y de salud y cualquiera otra.

Terrero dijo que la propuesta, preparada por el CONAVIHSIDA con el consenso de la Sociedad Civil y las agencias de cooperación reunidos en el Grupo Nacional para la Eliminación de toda forma de Estigma y Discriminación (GRUNEED), está inspirada en el espíritu de la Constitución.

“Esta pieza –indicó- es un paso decisivo para erradicar toda forma de discriminación en la República Dominicana y con ella estamos acogiendo un mandato del artículo 39 de la Constitución de la República para erradicar toda forma de discriminación”.

La pieza fue introducida al hemiciclo por el diputado del Frente Amplio, Juan Dionicio Rodríguez, y cuenta con el apoyo de los congresistas José Horacio Rodríguez y Faride Raful, entre otros. Fue remitida a estudio a la Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara Baja.

Fue redactada por los abogados constitucionalistas Orlidy Inoa y Cristóbal Rodríguez, quienes al entregarla explicaron que, a pesar del componente punitivo, la pieza hace énfasis en la educación para proscribir la discriminación.

“Sin temor a equívocos –aseguró Víctor Terrero- esta pieza legislativa sería una oda a la democracia y justicia social en la República Dominicana, por su espíritu progresista y reivindicador de derechos humanos a favor de quienes históricamente han sido excluidos y despojados de lo que legítimamente les pertenece por su condición misma de seres humanos”.

“La sociedad dominicana tiene que superar el triste espectáculo de que devuelvan a una persona de un centro de diversión por su color o que no lo dejen entrar a algunos escenarios porque sea pobre o porque tenga una condición de sexual, de salud, o que no le den un servicio de salud por su preferencia sexual”, añadió Terrero.

Los ámbitos de aplicación de la Ley serían salud, educación, empleo, organizaciones políticas, sindicales, empresariales, profesionales y de interés social o económico, servicios y espacios públicos abiertos, publicidad y medios de comunicación.

La propuesta de Ley General de No Discriminación y Trato Igualitario cuenta con 36 artículos, orientados en gran medida a preservar los derechos de los grupos y poblaciones que por su condición se consideran vulnerables.

“Por alguna sospechosa razón –expresó- los sectores que la adversan están manipulando su contenido y evitando que el país cuente con una legislación moderna que piense en los grupos y personas marginados”.

Y añadió: “El Anteproyecto está llamada a proteger a toda la población frente a situaciones de conculcación de sus derechos por alguna condición, y hace un énfasis especial en los grupos, personas y poblaciones que se encuentran en posiciones más vulnerables”.

Entre esos grupos Terrero citó a los adultos mayores, personas con alguna forma de discapacidad, inmigrantes, mujeres, niños y adolescentes, usuarios de drogas, personas privadas de libertad, y ciudadanos marginados socialmente por el color de la piel, condición económica, sexual y de salud y personas que vivan en situación de pobreza extrema, entre otras.

“Por si alguien no se ha dado cuenta –concluyó Víctor Terrero-estamos en el siglo XXI y no podemos seguir dando una mirada feudal a una sociedad que, como la dominicana, está mirando al futuro”, precisó Terrero.

Las instituciones públicas que participaron en la formulación del Anteproyecto de Ley a través del GRUNEED son los ministerios de Salud, de la Mujer, de Trabajo, Educación, Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República, entre otros.

Por las agencias de cooperación, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (APNUD), ONUSIDA, Parlamentarios para la Acción Global, Organización de Estados Americanos (OEA), USAID, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)