Habilitará unidades de salud mental en centros penitenciarios

RD/DIARIO DE SALUD.- La procuradora general, Miriam Germán Brito, reafirmó la disposición del Ministerio Público de garantizar el acceso a servicios integrales de los privados de libertad y rubricó un acuerdo de cooperación interinstitucional para la habilitación de unidades de salud mental en los centros penitenciarios. 

Germán Brito firmó el convenio con Ana Simó, presidenta del Colegio Dominicano de Psicólogos, y Marisol Taveras Ulerio, presidenta de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría. El documento había sido rubricado por Daniel Enrique De Jesús Rivera Reyes, ministro de Salud Pública, y Mario Andrés Lama Olivero, director del Servicio Nacional de Salud. 

En el acto, realizado en el despacho de Germán Brito, estuvieron presentes el procurador de corte Jonathan Baró Gutiérrez, coordinador del Gabinete de Asuntos Penitenciarios del Ministerio Público; la coordinadora del Modelo de Gestión Penitenciaria, Hilda Patricia Lagombra Polanco, y el director de Prisiones, Roberto Hernández Basilio. 

Germán Brito agradeció a las entidades participantes en el proyecto, por su aporte a la estabilidad física y emocional de las personas privadas de libertad. 

“La actual situación de pandemia ahonda aún más los sufrimientos que puedan experimentar las personas privadas de libertad, por lo que agradecemos a cada institución y a cada una de las personas que han intervenido para este acuerdo, por sus aportes para la salud mental de la población penitenciaria y sus familiares”, dijo. 

Con esta alianza estratégica, el Estado dominicano reafirma su misión de garantizar el acceso equitativo a servicios integrales de salud con calidad para satisfacer las necesidades de la población, con énfasis en grupos prioritarios, como son las personas privadas de libertad con enfermedades o trastornos mentales. 

El objetivo de esta coalición por la salud mental de las personas privadas de libertad es instalar unidades de intervención en crisis y garantizar las atenciones especializadas que requieren aquellos afectados por enfermedades o trastornos psicológicos. 

La acción se inscribe en el marco del mandato de la Ley 113-21, cuyo artículo 85 establece la asistencia médica para cada centro de corrección y reinserción social, los cuales contarán, entre otros profesionales de la salud, con un médico psiquiatra.