Cierran otra vez colmados por vender bebidas adulteradas

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Santo Domingo, RD/DIARIO DE SALUD.- El Instituto Nacional de Pro­tección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumi­dor) informó ayer que vol­vió a cerrar dos colmados del sector Juan Pablo Duar­te, en el municipio Santo Domingo Este, clausurados el pasado mes de abril por vender bebidas alcohólicas adulteradas.


El director ejecutivo de Pro Consumidor, Eddy Alcán­tara, indicó que pese a pro­vocar la muerte a varias personas, esos negocios re­abrieron sus actividades co­merciales sin la autoriza­ción de la entidad.


El funcionario dijo que tan pronto esa institución fue informada que los colma­dos El Tanque y Elianny, ubicados en el referido sec­tor, fueron abiertos por sus propietarios desacatando la medida tomada por esa en­tidad el pasado 19 de abril, se procedió nuevamente al cierre inmediato de ambos establecimientos.


Alcántara recordó que en esa fecha, se levantó el Ac­ta de Inspección número 1019-2021 cuyos hallazgos principales fueron “la venta de bebidas alcohólicas pre­suntamente adulteradas, que provocaron la muerte de varias personas”.



Dijo que esa decisión se to­mó en virtud de los artícu­los 24 y 117 de la Ley 358-05 y de su Reglamento de Aplicación aprobado por el decreto número 236-08, “procediendo de manera oficiosa a realizar una ins­pección para verificar la ca­lidad, inocuidad e higiene en las instalaciones de estos establecimientos.


El colmado El Tanque estás ubicado en la calle 15 es­quina calle 8, y el colmado Elianny, en la calle Ramón E. Hierro Santos esquina calle 8, del referido sector.


Manifestó que tras los ha­llazgos, se procedió a colo­car los afiches de suspen­sión de la comercialización en estos establecimien­tos “por vender bebidas al­cohólicas presuntamente adulterada”.


 CLAVES
Advertencia.

Alcántara advirtió a los propietarios de ambos colmados que dadas las circunstancias y de com­probarse la violación a las disposiciones lega­les “podría ser iniciado en su contra un procedi­miento administrativo sancionador por violen­tar las disposiciones de la Ley 358-05 en perjui­cio de la población.

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