Los diputados deben evitar otro crimen jurídico contra las mujeres

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SANTO DOMINGO/ DIARIO DE SALUD- La Coalición por los Derechos y la Salud de las Mujeres enviaron este lunes una carta pública a la Cámara de Diputados para solicitarle que favorezca la despenalización del aborto en las tres causales que observó el poder Ejecutivo.


Las mujeres no se cansarán de pedir a los congresistas que les permitan decidir sobre su cuerpo cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el feto es un producto inviable o cuando el embarazo es el resultado de una violación o de un incesto.


Organizaciones médicas, académicas, feministas y sociales reclamaron a los diputados evitar otro crimen jurídico contra las mujeres. En efecto, instaron a los diputados a excluir del Código Penal la pretendida penalización de la interrupción del embarazo, así como a actuar en sentido inverso a la decisión de los Senadores quienes rechazaron las causales.


Lourdes Contreras, coordinadora del Centro de Estudios de Género del INTEC (CEG-INTEC), llamó la atención sobre los artículos 38 y 42 del texto constitucional que establecen que ‘‘el Estado se fundamenta en el respeto a la dignidad de la persona y se organiza para la protección real y efectiva de los derechos fundamentales que les son inherentes. La dignidad del ser humano es sagrada, innata e inviolable; su respeto y protección constituyen una responsabilidad esencial de los poderes públicos’’.


Detallaron que las acciones de políticas sanitarias reclaman de manera urgente, buscan en primer plano la superación de los altos índices de mortalidad materna.


‘‘El 13% de las muertes maternas se producen por las condiciones de inseguridad en que se realizan abortos clandestinos’’, señalaron.


Las organizaciones consideraron como intolerable que el 20% de los partos que se realizan en el país sean de niñas y adolescentes, situación que atribuyen a la irresponsabilidad estatal en educar y adoptar cuantas medidas sean necesarias para prevenir los embarazos indeseados.

En la carta, advierten el grave peligro de establecer sanciones penales contra quienes participen en la interrupción para salvar la vida a una mujer o en cualquiera de las circunstancias especiales.


Lo que pidió el presidente Medina


Recordaron los términos de la carta de observación a los artículos del Código Penal que criminaliza la interrupción del embarazo, enviada por el presidente Danilo Medina a los diputados el 28 de noviembre de 2014:


‘‘Lo más justo, equilibrado y acorde con el espíritu de protección de derechos y humanidad que debe regir al Estado sería equiparar nuestra legislación con la de la mayoría de los países del mundo, que permiten la interrupción del embarazo, cuando sea practicada por personal médico especializado, en establecimiento de salud, públicos o privados, dentro de los plazos que se consideren de lugar y solo en tres supuestos debidamente fundamentados: cuando la vida de la madre corre peligro, cuando la madre ha sido víctima de violación o incesto o cuando el feto tenga malformaciones incompatibles con la vida’’.


Entre las organizaciones que firmaron el documento se encuentran el Centro para la Educación y el Desarrollo (CEDUCA), el Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas (MUDHA), la Confederación Nacional del Campo (CONAMUCA), la Federación de Mujeres Campesinas de Villa Altagracia y la Federación de Mujeres Campesinas de Baní (FEMUCABA).


También apoyan la carta el Centro de Estudios de Género de Intec, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la UASD, la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA), la Colectiva Mujer y Salud, la Articulación Nacional Campesina, Profamilia y la Federación de Mujeres Campesinas de Elías Piña (FEMUCAEP), la Asociación Nacional de Servicios de Enfermerías (ASONAEN), la Asociación Nacional de Clínicas Privadas, el Colegio Médico Dominicano y la Red de Periodistas de Género, entre otras entidades.



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