YAHOO, NUEVA YORK.- En los próximos días, finalmente será aprobada la patente de un procedimiento inventado hace cinco años: un descubrimiento de ingeniería molecular que fue crucial y determinante para el desarrollo de al menos cinco de las principales vacunas contra el Covid. Y esa patente estará bajo el control del gobierno de Estados Unidos.
La nueva patente representa una oportunidad —según algunos, la mejor que tendremos— de ejercer presión sobre los laboratorios para que amplíen el acceso a las vacunas de los países más pobres.
La gran pregunta es si el gobierno norteamericano piensa mover un dedo.
El rápido desarrollo de las vacunas contra el Covid-19, alcanzado a una velocidad sin precedentes y financiado por colosales fondos públicos en Estados Unidos, la Unión Europea y Gran Bretaña, representa un gran triunfo sobre la pandemia. Los gobiernos se asociaron con los laboratorios y aportaron miles de millones de dólares para conseguir materias primas, financiar ensayos clínicos y modernizar las fábricas de vacunas. Y también desembolsaron miles de millones para comprar el producto terminado.
Pero este éxito de Occidente ha creado una desigualdad tajante. Los habitantes de los países ricos y de ingresos medios han recibido cerca del 90% de los casi 400 millones de vacunas entregadas hasta ahora. Según las proyecciones actuales, muchos de los países restantes tendrán que esperar años.
Un coro cada vez más numeroso de autoridades sanitarias y grupos de presión está exigiendo que los gobiernos occidentales utilicen facultades más agresivas –muchas de ellas nunca o rara vez utilizadas– para forzar a las empresas a compartir su experticia, publicar las fórmulas de las vacunas y redoblar su fabricación. Los defensores de la salud pública solicitaron ayuda, y hasta le pidieron al gobierno de Joe Biden que use su patente para facilitar el acceso a la vacuna.
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