En el 2020 el sistema de salud dominicano fue puesto a prueba

SANTO DOMINGO, RD/DIARIO DE SALUD.- El 31 de diciembre de 2019 el mundo se preparaba para recibir un nuevo año en medio de las celebraciones culturales propias de la época, pero una noticia sembró el pánico: un virus detectado en la ciudad china de Wuhan, altamente contagioso y desconocido para la ciencia, amenazaba con expandirse rápidamente.

En pocos días, los casos de neumonía vírica causada por el Sars-Covid-2 se registraban en otros continentes hasta convertirse en una pandemia, conocida por todos como COVID-19.

El 1 de marzo del año en curso las autoridades sanitarias en la República Dominicana confirmaron el primer paciente infectado por el nuevo coronavirus en la provincia La Altagracia. Se trató de un turista de 62 años de edad de nacionalidad italiana, quien ingresó al país el 22 de febrero de 2020, procedente de Pesaro, Región Marcas en Italia, donde ya existía un brote.

En pocos días los casos confirmados iban en ascenso; la circulación comunitaria del virus era inminente. Fue el 16 de marzo cuando se reportó la primera muerte por COVID-19 en el país. Para final de mes, la enfermedad había cobrado la vida de 42 personas, 22 de estas defunciones correspondieron a la provincia Duarte.

Uno de los casos más sonoros al inicio de la pandemia, registrado en San Francisco de Macorís, fue el de Oraide Herrera, dominicana de 56 años, que entró al país el 26 de febrero procedente de Italia, quien posteriormente fue diagnosticada con coronavirus.

En ese entonces generó controversia el hecho de que una clínica privada la enviara a su domicilio, en Villa Riva, pese a presentar síntomas de la enfermedad, bajo el acuerdo de que esta debía guardar un distanciamiento físico, que no cumplió. Otro caso que dio de qué hablar fue una boda celebrada en Cap Cana el 14 de marzo con una considerable presencia de extranjeros, la cual, de acuerdo con el pasado ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, se convirtió en una fuente de contaminación del coronavirus.

Ante la indetenible propagación del virus, el Gobierno, encabezado por el presidente Danilo Medina, tomó una serie de medidas drásticas, entre ellas suspender por un mes todos los vuelos provenientes desde Europa, China, Corea del Sur e Irán. El 19 de marzo se procedió al cierre de las fronteras del país por tierra, mar y aire. También se suspendieron la realización de eventos y concentraciones de toda índole y de la docencia presencial en todos los centros escolares y universitarios. El 20 de marzo se estableció el primer toque de queda.

Asimismo, se puso en funcionamiento el Centro de Comando, Control, Comunicaciones, Computadoras, Ciberseguridad e Inteligencia del Ministerio de Defensa (C5i) con el objetivo de disponer en un solo lugar informaciones de los hospitales, clínicas y laboratorios.

Al principio, el Laboratorio Nacional Doctor Defilló, en Santo Domingo, era el único centro del país facultado para realizar pruebas analizadas por el sistema PCR. Posteriormente se les permitió a reconocidos laboratorios privados realizar estos análisis, algunos de los cuales en los primeros dos meses de la pandemia llegaron a cobrar hasta RD$5,000 por este procedimiento.

Más tarde, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales anunció que todas las pruebas PCR para COVID-19 serán cubiertas por el Sistema de Seguridad Social, para personas afiliadas y no afiliadas.

Indicadores fatales

La reanudación de las actividades productivas en la reapertura gradual de la economía del 20 de mayo trajo sus consecuencias reflejadas en el aumento de la tasa de positividad. La situación empeoró en julio. A menos de una semana de celebrarse las Elecciones Extraordinarias Presidenciales y Congresuales, el Gobierno decidió poner fin al estado de emergencia y autorizó la llegada de los primeros vuelos con turistas. Durante diecinueve días el país se rigió por una declaratoria oficial de emergencia sanitaria del Ministerio de Salud Pública que obligaba al uso de mascarillas y el cierre sitios de expendio de bebidas a las 8:00 de la noche. 

Como resultado de estas acciones, se dispararon aún más las alarmas sanitarias, el servicio a la salud se vio comprometido, se desbordó la ocupación hospitalaria en Santiago y el Gran Santo Domingo, y el virus aceleró su expansión.

A quince días de la apertura económica y del pasado proceso electoral la tasa de morbilidad (cantidad de personas que se enferman en un mismo lugar) por cada 100 mil habitantes experimentó un incremento de un 49.6 por ciento, al pasar de 268 a 401 infecciones por cada 100 mil habitantes.

Ante el aumento de los casos, el 19 de julio el Gobierno solicitó la aprobación de un nuevo estado de excepción. También se procedió a ampliar su capacidad diagnóstica con el aumento de las pruebas para detectar la presencia del virus.

En agosto las muertes por coronavirus siguieron en escalada al punto que en un solo día se registraron 30 defunciones. La tasa de positividad se situaba en 32.83 %. En medio de esta turbulencia, tomó posesión el nuevo ministro de Salud, Plutarco Arias, asegurando que fijaría su atención en la detección del virus, aislamiento, tratamiento y seguimiento.

En busca de la cura

Mientras esto ocurría, Europa y los Estados Unidos continuaban en la carrera por el desarrollo de una vacuna para frenar la enfermedad. A final de octubre, el gobierno dominicano anunció la firma del acuerdo compromiso con la empresa británica AstraZeneca, para la adquisición de 10 millones de dosis de la vacuna que prometía ser altamente efectiva.

Un mes de más tarde, dicha compañía y la Universidad de Oxford reconocieron un error de fabricación, que generó dudas sobre los resultados preliminares.

A principio de diciembre, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, anunció que Gobierno evalúa posible negociación con otras farmacéuticas para compra de vacunas COVID.-19.

Retraso medicamento de alto costo

Como efecto colateral de la pandemia, el servicio de entrega de medicamentos de alto costo se vio afectado. A mediado de año surgieron denuncias sobre retrasos en el despacho de los fármacos que modifican el curso de la esclerosis múltiple, suplido por el Programa de Medicamentos de Alto Costo y Ayudas Médicas del Ministerio de Salud Pública.

Alcohol adulterado causó al menos 203 muertes

En abril, cuando la pandemia alcazaba su punto álgido con 9.5 decesos por día, empezaba a preocupar la cantidad de muertes reportadas por el consumo de alcohol adulterado con metanol. Los primeros casos se registraron en barrios del Gran Santo Domingo. Según reportes oficiales, entre abril y mayo, 203 personas fallecieron tras consumir la bebida clandestina y 326 resultaron intoxicadas. La tasa de letalidad por el consumo de esta sustancia alcanzó 62.33 por ciento, superando los indicadores de muertes por COVID-19.