Director del Moscoso Puello califica como acto criminal paro del Colegio Médico

SANTO DOMINGO, RD/ DIARIO DE SALUD.— El director del hospital docente universitario doctor Francisco E. Moscoso Puello, el doctor Francisco Torres Lebrón, califica como un acto criminal el paro de labores de que inicia este miércoles en el centro por el Colegio Médico Dominicano, filial Regional Distrito.

«Este paro es un acto criminal, ¿cómo es que el Colegio Médico quiere que a tres estudiantes reprobados se les cambie las calificaciones a quienes en el futuro serán cirujanos? «, señaló el director.

Mientras, el jefe del Consejo de Enseñanza del Moscoso Puello, el doctor Tomás Caraballo, dice estar sorprendido con el paro usando como excusa un asunto académico.

 “Es un problema académico, no es incumbencia del Colegio Médico decidir qué calificación debe tener cada residente que es sometido a un proceso de formación y evaluación”, indicó el galeno.

Añade que el Colegio se olvida que los reprobados son estudiantes que mañana serán especialistas y que tendrán en sus manos la salud de la población.

El doctor Caraballo dice además, que todo el proceso se ha realizado apegado a los reglamentos. Aclaró que no hay suspensión de residentes sino sanciones académicas por abandonar el proceso formativo.

«A los tres estudiantes se le dio la prueba de reposición, todo bajo la supervisión del Colegio Médico Dominicano y Colegio Dominicano de Cirujanos», agregó el especialista.

Explicó que sobre la decisión académica, la Dirección General de Residencias Médicas del Ministerio de Salud Pública está notificada.

Las declaraciones fueron ofrecidas durante una reunión de la dirección y los jefes de servicios del centro, donde respaldaron las acciones del hospital y del Consejo de Enseñanza.

En cuanto a la asistencia a los pacientes, cuando los médicos, que rechazaron el paro, se disponian a dar consultas, una representante del Colegio Médico visitó consultorio por consultorio y mandó a los médicos a bandonar el área, algunos de estos ya con pacientes.

Algunos pacientes que iban a consultas recibieron atenciones por médicos militares y los asignados en Emergencia, y a otros le fueron reprogramadas sus citas.

Cientos de pacientes manifestaron su insatisfacción con la decisión del Colegio Médico Dominicano. Ciudadanos que entre lágrimas y enojos dijeron sentirse impotentes al ver que tras una larga espera para la cita de este miércoles, no pudieron ver el especialista.

La demanda

La seccional del Distrito Nacional del CMD convocó al paro por un conflicto que hay entre tres residentes de cirugía general y el jefe de enseñanza del centro asistencial, Tomás Caraballo, porque, alegadamente, los médicos en formación reprobaron el examen que les permite cursar el siguiente año, pero que los afectados y el gremio califican de abuso.

El doctor Luis Peña Núñez, presidente de la seccional del Distrito Nacional del CMD, califica como un abuso lo cometido en contra de los tres médicos residentes, que a su juicio fueron atrozmente, desaprobados por la coordinación y residencia de cirugía general del hospital, sin haber agotado el debido proceso.

Asegura que eso fue lo que desató la inconformidad en todos los residentes del hospital y que desde entonces han agotado los procesos del diálogo, decidiendo como gremio, realizar el paro de labores.

“Estuvimos en protesta de residentes por 72 horas, fue levantado para otorgar una tregua, remitimos una comunicación a enseñanza como a la coordinación. Buscando mediante el dialogo soluciones a este desmedido abuso de poder, por parte del coordinador, doctor Luis Restituyo, quien además, había sancionado ilegalmente a todos los residentes de cirugía que estuvieron apoyando el paro convocado por el CMD”, dijo Peña Núñez.

Explica el gremialistas que esas sanciones consisten en no poder practicar ninguna cirugía, ni obtener docencia durante tres semanas.

Asegura que esas penalidades no están contempladas en los reglamentos de Residencias Médicas, ni en las leyes de Colegiación Médica 68-03, la 41-08 de función Pública, ni en la Constitución, porque viola los derechos fundamentales de los residentes a la educación.