Diputado presenta proyecto de ley que despenalizaría el aborto

“Este proyecto presenta una salida para que se apruebe el Código Penal y que además se despenalice el aborto en sus causales”, dijo el legislador Orlando Espinosa
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Imagen de archivo del diputado Orlando Espinosa, quien sometio un proyecto de ley para regular los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y regular las condiciones de la interrupción del embarazo.


SANTO DOMINGO/ DIARIO DE SALUD. La Cámara de Diputados fue apoderada de un proyecto de ley que busca regular los derechos en materia de salud sexual y reproductiva y regular las condiciones de la interrupción del embarazo.


El proyecto, de la autoría del diputado peledeísta por San Cristóbal, Orlando Espinosa regularía además las instituciones que estén habilitadas para tales fines.


“Este proyecto presenta una salida para que se apruebe el Código Penal y que además se despenalice el aborto en sus causales, que es una demanda la sociedad”, dijo Espinosa


El proyecto de ley de Salud Sexual y Reproductiva establece en un considerando que el Estado está en la obligación de garantizar los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral y establecer una rigurosa regulación ante una posible interrupción voluntaria del embarazo cuando esté en riesgo inminente la vida de la madre, garantizando su vida, protegiendo adecuadamente los intereses y los derechos de la mujer y la vida prenatal.


“El aborto de manera clandestina no se ha podido eliminar a lo largo de la vida republicana lo que pone en riesgo permanente la vida de las madres y el enriquecimiento ilícito de los profesionales que sin ningún escrúpulo lo practican, por lo que hay que atender a los reclamos de la conciencia social mayoritaria que reconoce la relevancia de los derechos de las mujeres en lo que a la maternidad se refiere”, manifestó Espinosa.


Consideró que dada la realidad social de la República Dominicana, obliga a legislar de manera especial y fuera del Código Penal y tratar los casos de interrupción del embarazo cuando el mismo sea producto de estupro, incesto, inminente peligro de la vida de la madre y cuando científicamente y sin duda alguna se compruebe la existencia de graves daños físicos o psíquicos en el feto que no le permitan vivir más allá del nacimiento.


“La vida prenatal es un bien jurídico merecedor de las más absoluta protección que el Estado debe hacer eficaz, sin ignorar que en la forma que se garantice o se aplique nunca podrá estar por encima de los derechos a sobre vivir de la mujer embarazada”, dijo.


¿Qué indica el proyecto de ley?


El proyecto reconoce el derecho a la maternidad libremente decidida, por lo que, “en el ejercicio de los derechos fundamentales como la libertad, la intimidad y la autonomía de las personas, todos tienen el derecho a adoptar libremente decisiones que afecten su vida sexual y reproductiva sin afectar los derechos de los demás”, dice la pieza en su artículo 3.


Asimismo, manda al sistema educativo a impartir instrucción en los aspectos afectivos, sexuales y reproductivos en los contenidos oficialmente formales desde la educación primaria. Así como información sobre anticoncepción y sexo seguro que prevenga las enfermedades e infecciones de transmisión sexual, como los embarazos no deseados.


De acuerdo a la ley el sistema sanitario deberá facilitar acceso universal a los servicios y a los programas de salud sexual y de salud reproductiva.


“A partir de la publicación de esta ley el Ministerio de Educación Superior estará en la obligación de garantizar que la formación de los profesionales de salud aborde perspectiva de género e incluya la incorporación de la salud sexual y reproductiva en sus programas curriculares en todas las carreras relacionadas con la medicina y la ciencia de la salud, incluyendo la investigación y la formación de la práctica clínica de la interrupción voluntaria del embarazo” dijo Espinosa.

Requisitos necesarios para la interrupción voluntaria del embarazo:


La ley indica que la interrupción del embarazo deberá ser por un médico especialista y deberá ser realizado en un centro sanitario público o privado acreditado a estos fines.


Que se realice con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer embarazada mediante un representante legal con la información y la documentación clínica que lo justifique.


Por razones médicas, donde la vida de la madre corra riesgo el embarazo no deberá superar las dieciséis semanas.

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