Piden cárcel para un médico que espió el historial del amante de su mujer

MADRID, ESPAÑA / DIARIO DE SALUD.— El médico acusado de acceder sin permiso ni motivos al historial clínico de un paciente del Servicio Cántabro de Salud, que había mantenido una relación con su esposa, ha admitido que lo hizo pensando que actuaba dentro de la legalidad y por motivos de salud. Específicamente, ha alegado que buscaba "verificar" la existencia de enfermedades de transmisión sexual por parte del amante ante posibles contagios hacia la pareja. 

 

Así lo ha señalado en su declaración ante la Audiencia de Cantabria, donde solo ha respondido a las preguntas de su abogado y el fiscal, que pide dos años y medio de cárcel, uno de inhabilitación y multa de 6.000 euros. Al término de la sesión, celebrada en la Sección Tercera, en el ejercicio del derecho a la última palabra ha asegurado que "jamás" ha pretendido hacer "daño a nadie", aunque ha admitido que se ha "podido equivocar".

El procesado, que es personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud con plaza propia, ejerce como médico de Atención Primaria en un centro del área de Campoo-Los Valles. Ha reconocido que entró con su número de usuario y clave particular a la base de datos del sistema sanitario cántabro para consultar el historial clínico de este hombre, que no era paciente suyo, pero que había mantenido una relación "corta" con su mujer, durante "dos meses" (un "año y medio" según el implicado).

Tras alegar que la administración no les facilitó en su día información sobre el acceso a este tipo de datos ni especificaciones legales relacionadas con la protección de los mismos, el imputado ha justificado los accesos que hizo en "tres" fechas distintas -aunque solo consultó datos en dos- y sin autorización para "verificar" la situación clínica particular de quien había sido amante de su mujer. Así, su "interés" era saber si había tenido episodios o enfermedades de transmisión sexual, ante posibles contagios al matrimonio.

Tras el interrogatorio al acusado y afectado, las partes han elevado a definitivas sus conclusiones. Así, la Fiscalía mantiene que el facultativo incurrió en un delito de descubrimiento y revelación de secretos por el que pide la citada pena de dos años y medio de cárcel, 6.000 euros de multa y un año de suspensión de empleo público por su condición de funcionario del Servicio Cántabro de Salud.

La acusación particular, por su parte, tipifica los hechos como un delito continuado contra la intimidad agravado, y pide tres años y tres meses de cárcel, nueve años de inhabilitación y multa de 50.400 euros; o subsidiariamente, dos años y medio de prisión, seis de inhabilitación y multa de 43.200 euros, así como la prohibición de acercarse a menos de 300 metros por un tiempo superior en un año al de la pena de cárcel.